Ecologistas en Acción irá a los tribunales si se adjudica la obra principal del ATC

17.12.2014 09:53

Para Ecologistas en Acción, Gil- Ortega, presidente de la empresa pública Enresa, anunció en septiembre pasado la licitación de la obra principal del ATC, por un valor (incluido impuestos) de 263.489.600 Euros. Fijando la firma del contrato el 1 de febrero de 2015  y el comienzo de la obra en marzo de 2015.

Según Jaime Doreste (letrado de Ecologistas en Acción) en declaraciones realizados durante el Congreso Confederal de Ecologistas en Acción (Estella 5-8/12/2014): "En caso de que Enresa adjudique la obra y firme los contrato con la empresa constructora, sin los permisos preceptivos, estaría cometiendo una ilegalidad antes incluso de mover una sola máquina y, por tanto, acudiremos a los tribunales competentes".

 

NO HAY NINGUNA DE LAS CINCO AUTORIZACIONES

Los permisos requeridos para el inicio de la obra, son los siguientes:

- Autorización previa o de ubicación, solicitado por Enresa el 13 de enero de 2014: esta licencia la debe expedir el Ministerio de Industria, con el informe vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Precisamente el organismo regulador, ha solicitado nuevos estudios a Enresa antr las dudas sobre la idoneidad de los terrenos. Además, encarga a la Ingeniería estadounidense URS un informe, que es contundente sobre la falta de idoneidad de los terrenos: "... el emplazamiento previsto es inadecuado, desde el punto de vista geotécnico para albergar unos edificios de estas características." Además se han presentado más de 1.300 alegaciones dentro de este procedimiento en julio de 2014, sin respuesta hasta la fecha.

- Autorización de Construcción, solicitada al Ministerio de Industria junto con la anterior, también requiere el informe favorable del CSN pero no se tramitará hasta que se disponga de la autorización previa.

- Declaración de Impacto Ambiental. Se presenta el Estudio de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Industria en las mismas fechas que los dos procedimientos anteriores y se somete a información pública en las mismas fechas. También se presentan más de un millar de alegaciones todavía no respondidas.

- Autorización en el ámbito urbanístico. Que pasa por la aprobación previa del Plan de Ordenación Urbana (POM) de Villar de Cañas, actualmente en redacción y que se sometió a información pública hasta el 5 de diciembre. También se presentaron alegaciones [7]. Una vez resueltas las alegaciones el POM deberá pasar por el pleno del Ayuntamiento de Villar de Cañas y posteriormente deberá tener el visto bueno de la administración regional

- Licencia municipal. Aunque el Ayuntamiento esté a favor de la obra, es indispensable que esté aprobado el POM.

 

GIL ORTEGA Y SU HUIDA HACIA ADELANTE

Gil-Ortega, se ha movido con extremada rapidez, para eliminar posibles obstáculos a sus pretensiones y ante la premura que marca el calendario electoral. Así, El 18 de julio, cesa al máximo responsable jurídico de la empresa que preside (Jesús Moreno Vivas) después de que el directivo avisara, en un informe interno con fecha de 15 de julio, del posible "enriquecimiento injusto" en el que había incurrido el presidente, Francisco Gil-Ortega, por el cobro de gastos de viaje cargados a su tarjeta de crédito, que no había justificado con las correspondientes facturas [8]. Para Ecologistas en Acción, este cese lo efectuó Gil-Ortega con el claro objetivo, no solo de esquivar un posible proceso contra su persona, sino también, el de tener las manos libres para acelerar el proceso de licitación del ATC, y así evitar vigilantes molestos.

Entre hoy martes y mañana miércoles la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, del Congreso de los Diputados, discutirá diversas propuestas de resolución, con el ATC como uno de los protagonistas.

Para Ecologistas en Acción, no hay ninguna prisa por construir el ATC, puesto que ya se están dando pasos para que todas las centrales tengan almacenes individuales, haciendo inútil el ATC. Si finalmente se construyera el ATC, supondría un despilfarro de los 2.700 millones de Euros de dinero público, el presupuesto que fija Enresa para esta infraestructura, incluyendo no solo su construcción, sino también el funcionamiento, los impuestos y el desmantelamiento.

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